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Actualmente todas las áreas protegidas del sur de Venezuela están siendo destruidas por la minería ilegal y los grupos armados, entre ellos ELN y FARC, han tomado el control del negocio minero, provocando la destrucción del bosque amazónico y un estado de violencia generalizada.
Las primeras víctimas de esta situación son los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos que viven en la región. Desde la emisión del decreto Arco Minero del Orinoco, en 2016, distintas organizaciones indígenas han manifestado rechazo por no haber sido consultados y por los problemas que la minería ha traído a sus vidas : asesinatos, prostitución, violaciones, nuevas formas de esclavitud, desplazamiento de sus tierras. Los líderes indígenas reclaman el cumplimiento de la autodemarcacion de sus terroritorios y el derecho a ejercer su autonomía.
Sin embargo, hasta ahora el Gobierno Nacional no responde estos reclamos y al contrario, ha extendido el modelo Arco Minero hacia el resto del país, como la región del Zulia, destinada a la explotación de carbón. Asimismo, es urgente que el Estado venezolano participe en el Acuerdo de Escazú, lo firme y ratifique, para avanzar hacia una mayor protección de nuestros líderes sociales, así como un mayor acceso a la información en relación con proyectos que afectan la vida de la gente en sus territorios.
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